¿Hasta dónde podría llegar un estímulo económico en México?

Desde que la propagación del virus SARS-CoV-2 se convirtió en una pandemia mundial, diversos gobiernos alrededor del mundo han lanzado múltiples medidas de política pública para mitigar los efectos negativos de ese fenómeno global en la sociedad.

Los primeros esfuerzos han sido naturalmente desde las trincheras de las políticas de salud pública: campañas mediáticas de distanciamiento social, adecuación de hospitales, pruebas y diagnósticos, entre muchas otras.

Sin embargo, una parte importante de la respuesta de cada gobierno ante una crisis de la magnitud del nuevo coronavirus, son los estímulos económicos que cada país implementa para hacer frente a los problemas que conlleva una debacle sanitaria en las actividades de cada sector productivo de cada nación.

Los primeros ejemplos de ese tipo de respuestas son los países desarrollados, como Canadá, Estados Unidos o algunos países que integran la Unión Europea, cuyos gobiernos echan mano de múltiples herramientas para aminorar la crisis financiera desatada por los problemas de salubridad.

En Estados Unidos, por ejemplo, el Congreso aprobó un paquete de dos billones de dólares como estímulo económico para el rescate de su economía. El debate sobre ese estímulo radicó en la forma que ese estímulo debía tener, pero, desde cualquier métrica, es un paquete que busca evitar un mayor daño económico en ese país.

Ese paquete fiscal de apoyo a la economía estadounidense estuvo precedido por diversas medidas monetarias impulsadas por la Reserva Federal. El banco central estadounidense recortó prácticamente a cero su tasa de interés de referencia y desempolvó un esquema de recompra de productos financieros que no usaba desde la crisis financiera de 2008.

Las diversas medidas adoptadas en países avanzados han llevado a algunos a pensar hasta dónde podría llegar algún tipo de estímulo económico en México, un país en el que medidas de distanciamiento social podrían impactar de forma negativa a muchas personas del sector informal que no cuentan con seguridad social y que viven sin ahorros o ‘al día’, por lo que dejar de laborar implicaría no contar con los recursos para comprar alimentos o medicina.

Tal como en casos pasados en los que bancos centrales han actuado para mitigar loe efectos de crisis financieras, la primera respuesta que muchos buscan viene por parte de Banco de México.

El Banco de México hace unos días recortó en medio punto porcentual su tasa de interés de referencia y ajustó algunas reglas para impulsar la liquidez en los mercados.

Sin embargo, el banco central podría tener aún espacio para actuar ya que algunos anticipan que el Instituto Central seguirá bajando la tasa de referencia a lo largo de este año en sus reuniones de política monetaria.

Incluso, el banco estadounidense Goldman Sachs estima que Banco de México podría reducir la tasa de interés de referencia desde 6.5%, donde se encuentra actualmente, hasta 5%, un nivel considerado neutral, o que no impulsa ni afecta el crecimiento económico.

Además, otros se han aventurado a estimar cuánto podría el gobierno federal usar para apoyar a trabajadores o pequeñas y medianas empresas para sortear estas semanas en las que la actividad económica está prácticamente estancada.

La ayuda del gobierno mexicano podría tomar diversas formas, como recortes de impuestos a las PyMEs, condonaciones de cuotas obrero-patronales o incluso transferencias directas a personas mayores de 18 años bajo condiciones sociales extremas por un periodo determinado que podrían ser dos o tres meses.

De acuerdo con estimaciones del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), un think tank con sede en la Ciudad de México, un paquete de rescate real con diversos niveles de cobertura podría costar alrededor de 320 mil millones de pesos.

Con ese presupuesto alcanzaría para ofrecer, por ejemplo, transferencias directas de mil 500 pesos mensuales a la población mayor de 18 años con mayores necesidades financieras. Un apoyo de este tipo sería adicional a los programas sociales que actualmente emplea el gobierno federal.

Si bien el gobierno actual no cuenta con espacio fiscal para implementar un programa de ayuda mayor, con un apoyo de esa magnitud –adicional a las políticas de salud pública y apoyos sanitarios en centros hospitalarios– podría lanzar un rescate a la población que requiere un mayor apoyo en medio de una crisis y a la vez no incurrir en un desbalance presupuestario que pudiera llevar al país a una crisis mayor.

Además, de acuerdo con los expertos, una parte de esos recursos podría salir de la suspensión temporal de proyectos de infraestructura no esenciales que ha impulsado la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.

CIEP estima que la suspensión temporal de algunos de esos proyectos podría ofrecer un margen de poco más de 43 mil millones de pesos al gobierno federal para hacer frente a la crisis sanitaria.

“Los proyectos que pudieran aplazarse para atender la emergencia inmediata son la refinería de Dos Bocas, el aeropuerto de Santa Lucía, el corredor en el istmo de Tehuantepec y el Tren Maya”, escribieron los expertos de CIEP en un reporte.

No es claro si eventualmente el gobierno mexicano asumirá los costos –económicos y políticos– de implementar un programa de rescate, de la magnitud que sea, para hacer frente a la crisis desatada por la propagación del coronavirus.

No obstante, si algo ha demostrado la experiencia internacional en las últimas semanas es que cualquier tipo de estímulo por parte de las autoridades, tanto en materia sanitaria como económica, requiere de rapidez para tener un resultado eficiente y en tiempo.

No es casualidad que en las últimas semanas diversos encabezados de la prensa internacional en sus primeras planas tienen una frase como común denominador: cada minuto cuenta.



Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *